Introducción

La ley 27430 (publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017) ha determinado el fin de la exención prevista en el artículo 2 de la ley 17117 (art. 313 ley 27430), con una vigencia a partir del día siguiente de publicación de la misma en el Boletín Oficial. La naturaleza jurídica de los impuestos involucrados (ganancias y valor agregado) determinarían que la vigencia efectiva se aplicaría para las operaciones de venta realizadas a partir de dicha fecha, es decir el 30 de diciembre 2017.

En este sentido y debido a la importancia que tiene constitucionalmente una ley no existe posibilidad de modificarla sino a través de una vía de la misma entidad. Sin embargo, en caso que existan lagunas de interpretación o aclaración, el Poder Ejecutivo está facultado de hacerlo mediante los decretos reglamentarios cuya validez dependerá de su exacta medida reglamentaria y no modificatoria de la ley.

Por otra parte, las exenciones (más allá del derecho adquirido) son cuestiones estrictamente relacionadas con las facultades legislativas y puede el Congreso cambiarlas en tanto lo considere así. Los derechos adquiridos y los supuestos ataques a la Constitución deben ser adecuadamente tratados por la Justicia y más precisamente la Corte Suprema cuyos costos, tiempos e implicancias en casos puntuales se circunscriben a aquellos en los que no se encuentra en peligro la continuidad económica del contribuyente como es en estas circunstancias.

Ante este panorama, el desarrollo de la reunión apuntó a soluciones y propuestas tanto internas como externas. Las primeras apuntan al comportamiento a llevar a cabo por cada uno de los contribuyentes que intentan dar certeza a esta operación y los segundos, la realización de reuniones con funcionarios con poder decisión para que indique el camino a seguir o pueda lograrse alguna norma que atenúe los efectos de la derogación. 


Legislación

El inc. art.53 de la ley del impuesto a las ganancias establece las normas de valuación de las haciendas al cierre de cada ejercicio de acuerdo al método de costo estimativo por revaluación anual. En el caso de otras haciendas (incluye equinos) a excepción de los vientres, el valor para practicar el avalúo (por cabeza y sin distinción de categorías) será igual en cada especie al 60% del precio promedio ponderado que en los tres últimos meses del ejercicio surja de sus ventas o compras o, a falta de ambas, de las operaciones registradas para la especie en el mercado en el que el ganadero acostumbra operar. Se considera como tal aquel en el que realiza habitualmente sus operaciones o los mercados ubicados en la zona del establecimiento, cuando los ganaderos efectúen sus propias ventas o remates de hacienda sin intermediación. Sin embargo, cuando los mercados mencionados carecieran de precios representativos de acuerdo a la calidad de los animales a valuar, tratándose de hacienda de pedigrí o pura por cruza, el precio promedio ponderado a aplicar será el que resulte de las operaciones registradas por las asociaciones o corporaciones de criadores de las respectivas razas.

El requisito de “representatividad” de las ventas establecido para la hacienda bovina no se reproduce para las otras haciendas y se aplica – según el art. 81 del DR) cuando las ventas de animales durante los últimos tres meses del ejercicio superen el 10% del total de la venta de la categoría que deba ser considerada como base al cierre del ejercicio.

Se entiende como “vientre” a aquellos que están destinados a cumplir dicha finalidad y se tomará como valor de avalúo el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización, el mismo coeficiente utilizado para el cálculo del ajuste por inflación impositivo.

La hacienda reproductora (macho o hembra de pedigrí y pura por cruza) se valuará, de acuerdo al art. 74 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias de acuerdo al siguiente procedimiento: Los animales adquiridos, por su valor residual (neto de amortizaciones) o por el costo estimativo (amortizando la diferencia con su valor de compra) y los animales de propia producción según el costo probable del semoviente (actualizable según el índice de ajuste por inflación impositivo).

La AFIP podrá disponer la adopción de sistemas distintos a los establecidos en el presente artículo cuando las características del caso lo justifiquen (art. 74 DR último párrafo).

La norma es aparentemente estricta respecto a la utilización del costo estimativo por revaluación anual y no establece procedimientos alternativos en caso que las especificaciones del método no respondan a la realidad de la hacienda respectiva. Los dos requisitos fundamentales de “representatividad” y “mercado” deberían ser analizados desde el punto de vista de hacienda equina. El primero porque solamente es tratado por la hacienda bovina, ovina y porcina y el segundo porque incluye como mercado aquel en el que realiza habitualmente sus operaciones o los mercados ubicados en la zona del establecimiento, cuando los ganaderos efectúen sus propias ventas o remates de hacienda sin intermediación.

Otro punto importante a tener en cuenta es lo dispuesto en el art. 56 de la ley que dispone, a los fines de la valuación de las existencias de bienes de cambio, cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo en plaza de los bienes, a la fecha del cierre del ejercicio, es inferior al importe determinado de conformidad con las normas descriptas precedentemente, podrá asignarse a tales bienes el costo en plaza, sobre la base del valor que surja de la documentación probatoria. Para hacer uso de la presente opción, deberá informarse a la AFIP la metodología empleada para la determinación del costo en plaza, en oportunidad de la presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se hubiera empleado dicho costo para la valuación de las referidas existencias.

El decreto reglamentario dispone mediante sus artículos 85 y 86, a los efectos de la opción prevista por el artículo 56, que la documentación probatoria puede ser la siguiente:

a) Facturas de ventas representativas anteriores a la fecha de cierre de ejercicio.

b) Cotizaciones en bolsas o mercados (cuando tengan cotización conocida)

Cuando se trate de bienes de cambio que hayan perdido valor podrán valuarse al valor probable de realización, menos los gastos de venta.

Propuesta de reglamentación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – LEY 27.430

Reglamentación art. 313 – Derogación art. 2 Ley 17117

VISTO

a) Que la crianza de equinos destinados a fines deportivos, trabajos y defensa nacional – excluidos los de pura sangre de carrera – se declaró exenta de todo impuesto nacional y municipal de la Ciudad de Buenos Aires mediante la ley 17.117 publicada en el Boletin Oficial el 16 de enero de 1967 (art. 2 ley 17117)

b) Que los fundamentos de la misma fue de declarar de interés nacional del équido (con excepción del pura sangre de carrera, en todo el territorio de la Nación (art. 1 ley 17117)

c) Que lo dispuesto mediante el art. 313 de la ley 27.430 (BO 29-12-2017) derogó exclusivamente el art. 2 de la citada ley dejando indemne los fundamentos establecidos mediante el art. 1 respecto al interés nacional que tiene la actividad.

d) Que la norma ha sido derogada parcialmente y ha estado vigente durante un período de 50 (cincuenta) años lo que ha llevado al sector privado a realizar inversiones en un panorama estable de variables económicas marco de una decisión económica de tales características.

e) Que los efectos de la actividad se trasladan a varios ejercicios ya que comienza con los nacimientos y no con la venta de los productos.

f) Que los fundamentos de la ley 27.430 expresan la voluntad del legislador de aplicar los efectos de los nuevos hechos gravados a partir del ejercicio fiscal 2018 (vg. Resultados por la venta de inmuebles, revalúo de títulos públicos, etc.)

g) Que el Estado debe respetar los principios básicos de tributación de certeza y estabilidad para no interferir en la transparencia de los negocios y propiciar al desarrollo de las inversiones que permitan un desarrollo económico sostenible, no cortando de raíz un derecho implícito consolidado después de cincuenta años.

h) Que la confianza que el sector privado ha tenido permitió consolidad inversiones cuya rentabilidad es a muy largo plazo y se encuentra en una situación de retracción de la actividad con precios nacionales e internacionales deprimidos.

i) Que la actividad se derrama en infinidad de habitantes mayormente ubicados en el interior del país que se vieron beneficiados durante los cincuenta años referidos anteriormente.

j) Que los períodos de gestación de équidos es de entre once y doce meses.

k) Que la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo tiene la función de prever este tipo de situaciones sin afectar la voluntad del legislador en tanto se respete la decisión de la eliminación del beneficio pero en los tiempos que permita que el sector afectado pueda absorber el cambio de situación.

l) Que el artículo 317 de la ley 27.430 dispone la vigencia de la misma al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y que surtirá efectos de conformidad con lo previsto en cada uno de los títulos que la componen.

m) El citado artículo 317 integra el TITULO XIII – DISPOSICIONES FINALES de dicha ley, y que el mismo no incluye ninguna especificación de vigencia lo que lo distingue de los otros Titulos que sí la definen.

En función de los elementos descriptos hasta aquí, es necesario aclarar la pauta de vigencia de la derogación del art. 2 de la ley 17117 debido a que en el Titulo XIII no expresa ninguna especificación necesaria para enmarcar en un contexto el período a partir del cual nacerá el hecho imponible de la actividad.

Se dispone:

Art. 1. Las disposiciones del artículo 313 de la ley 27,430 publicada en el Boletín Oficial el día 29 de diciembre 2017 en cuanto la derogación del art. 2 de la ley 17117 se aplicará para los hechos imponibles generados en los impuestos involucrados en las operaciones de venta de équidos nacidos a partir del 1º de enero del año 2019.

15 ABRIL 2018